Los últimos años de políticas públicas se han regido por el principio de que los ciudadanos pagásemos una deuda que no era nuestra, a costa de la pérdida de nuestros derechos. La política en materia educativa no ha sido una excepción.
La forzada asunción por parte de la ciudadanía del agujero causado por años de economía de casino y prácticas corruptas, ha desangrado el sistema educativo público con brutales recortes que, en Cantabria, han supuesto la práctica demolición de las aulas de 2 años, la pérdida de becas y ayudas para la compra de libros, para comedores escolares, y para estudiantes universitarios. También un claro deterioro en la atención que recibe el alumnado.
